El gas natural es la segunda fuente de energía primaria en España y la tercera en consumo de energía final. En la primera categoría sólo es superado por los productos petrolíferos, mientras que en la segunda lo es también, por poco, por la electricidad. Esto se debe a que, si bien es cierto que el petróleo es fundamental en el transporte, y la electricidad lo es en el consumo de energía final en hogares e industria, el gas natural se ha abierto hueco en los últimos años en el mix energético español, tanto a través del acceso a nuevos núcleos de población, donde se utiliza principalmente para calefacción doméstica, como por la masiva instalación de centrales de ciclo combinado en el sector eléctrico. Así, según la patronal del sector, Sedigás, la industria del gas representa el 0,5% del PIB español y emplea a 150.000 personas de forma directa e indirecta.
A pesar de ello, el conocimiento del público general sobre el sistema gasista español está muy por debajo del relativo al sistema eléctrico. Esto se debe sin duda a múltiples motivos, uno de los cuales es probablemente que el sector eléctrico es la punta de lanza del cambio de modelo energético: es el primer sector en que el cambio es posible hoy, con las energías renovables jugando un papel fundamental, y sobre los detalles de este papel fundamental está el debate: ¿qué tecnologías contaminantes (ya sean emisiones de gases a la atmósfera o elementos radiactivos) serán desplazadas primero y quién pagará de facto los costes? ¿estarán las centrales productoras en manos de ciudadanos autoconsumidores, de cooperativas o de empresas del oligopolio? Y, más en general, ¿servirán para democratizar el sistema eléctrico o para perpetuar su estructura actual? Sobre la respuesta a esta pregunta, que no es menos política que técnica, está teniendo lugar una batalla encarnizada, cuyo resultado se plasma cada cierto tiempo en el BOE, pero que llega casi a diario a la opinión pública. Esto se debe a que las del sector eléctrico, en su resistencia al cambio, se hacen cada vez más evidentes.
Muchas de estas disfunciones pueden observarse también en el sector gasista. Al fin y al cabo, ambos sectores contienen actividades que son monopolios naturales que requieren de grandes inversiones, y ambos se liberalizaron a finales de los años noventa: lo hizo el mismo gobierno, partiendo de los mismos fundamentos ideológicos, siguiendo formalmente los mismos objetivos y llegando a una estructura similar de funcionamiento. En ambos sectores cada una de las actividades necesarias para el suministro (reguladas y no reguladas) está controlada por unas pocas grandes empresas que están verticalmente integradas. E incluso hasta los más pequeños detalles se pueden discutir en paralelo: como en el sector eléctrico, también en el sector gasista se creó una Tarifa de Último Recurso, con su sistema asociado de subastas; los precios del gas natural para los pequeños consumidores, como el de la electricidad, están entre los más caros de Europa; además, en los últimos años, se ha generado un déficit de tarifa, resultado de una recaudación que se ha mostrado insuficiente para cubrir las inversiones (en muchos casos innecesarias) realizadas por las empresas que participan en el sistema. A este respecto, los dos sectores están además conectados por las centrales eléctricas de ciclo combinado: parte importante del crecimiento de infraestructuras gasistas de los últimos años se debió a la necesidad de dar soporte al gas que utilizarían los nuevos ciclos combinados instalados; con estos en desuso, las infraestructuras gasistas se encuentran con problemas financieros: los propietarios de ciclos combinados cobran pagos por capacidad, a cargo del consumidor eléctrico, mientras que los costes imprevistos debidos a plantas de regasificación infrautilizadas los pagan los consumidores de gas. Los ciclos combinados y las infraestructuras gasistas sin apenas uso, propiedad en ocasiones de los mismos grupos empresariales, dan cuenta de un problema global del sector energético.
